En cuatro meses, un proyecto de la Gobernación de Antioquia apoyado por el programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, implementado por OIM, ha logrado la entrega digna de ocho cuerpos de personas desaparecidas.

“Gracias a todos por entregarme a mi hijo. Gracias a Dios ya va a volver a su pueblo. Ha sido muy duro, pero yo no me di por vencida”. Estas fueron las palabras de Amparo Cano el pasado 21 de marzo en la diligencia de entrega digna de los restos de Jhon Jarvi Cañas Cano, un joven de Puerto Nare, Antioquia, que en 2005, según esclareció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue asesinado, reportado como muerto en combate y desaparecido. Su familia lo había buscado, por casi veinte años.

Muchos hilos tienen que desenmarañarse para encontrar a una persona desaparecida. La magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04 de la JEP, sobre la situación territorial de Urabá, explica el porqué: “La intención del perpetrador es que la víctima no aparezca, así que el crimen se perfecciona con el tiempo. Mientras la familia busca, los perpetradores van corrigiendo las fallas, con cambios de lugares de la ubicación de los cuerpos, con la desaparición de familiares buscadores, con asesinatos de otros perpetradores que quieren hablar... Todo es parte de la estrategia de perpetuar la impunidad y es parte del crimen”.

Estas circunstancias hacen que haber encontrado y entregado a Jhon Jarvi sea un gran logro, en el que se articularon varias entidades del Estado, alentadas por el proyecto ¨Fortalecimiento a la articulación interinstitucional para impulsar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas¨, de la Gobernación de Antioquia, apoyado por el programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, implementado por la OIM, en el que se priorizan las intervenciones en los cementerios de Mutatá y Carepa. Los resultados superaron todas las expectativas: se esperaba recuperar 11 restos de personas desaparecidas y hasta abril de 2024, iban 27.

El Urabá antioqueño se ha convertido un labortorio ideal para esta clase de iniciativas, porque en este territorio históricamente afectado por la violencia se encuentran víctimas de varios actores del conflicto armado, y 4.872 personas por encontrar, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). En esta zona, además, la JEP y la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación tenían puntos comunes de interés forense.

También en esta región, las diversas entidades de justicia transicional han encontrado cuerpos señalados por comparecientes o testigos, pero no cuentan con muestras de ADN de sus familiares para cruzar la información, determinar su identidad y entregar sus restos.

Teniendo en cuenta la experiencia con la que contaban la JEP y la Fiscalía en las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba, se evidenció que el desarrollo de estas actividades en los campos santos, atraía a familiares de personas desaparecidas, lo que hizo indispensable contar con jornadas de tomas de muestras genéticas masivas, que también servirían para que las personas ampliaran sus denuncias, se acreditaran como víctimas ante la JEP y se registraran ante la UBPD.

Inicialmente, el proyecto planeó dos espacios para atender a 400 beneficirios, pero la alta demanda llevo a que se hicieran seis, donde se atendieron a 1.745. Con estas acciones se esperaba identificar y entregar dignamente a sus familiares los restos de mínimo dos personas. Sin embargo, ya se han entregado ocho, cuatro con la Fiscalía (en el marco de Justicia y Paz) y  cuatro con la JEP.

Esto se evidencia en lo lo descrito por Esneda Cano, tía de Jhon Jarvi “Con la desaparición forzada nosotros conocimos la rabia, el odio y la desconfianza en las instituciones del Estado. Con el proceso que ustedes pusieron a nuestra disposición fuimos creciendo, restaurando, a tal punto que poco a poco, esa herida que teníamos abierta ha ido cerrando y ha ido cicatrizando”.

Cerrando brechas

La articulación interinstitucional ha sido uno de los principales logros de esta iniciativa hasta la fecha. Todas las entidades que tienen competencia en la búsqueda, desde su rol, se sentaron en una mesa, obteniendo un panorama claro de la región y una ruta conjunta de intervención. Lo primero que hicieron fue cruzar las bases de datos de Medicina Legal con las de solicitantes de la UBPD, las de víctimas de la JEP, de la Fiscalía, de la Registraduría, de la Unidad para las Víctimas, de las iglesias (dueñas de los cementerios), de los hospitales y de las alcaldías.

Estas acciones conjuntas también permitieron consolidar el universo de víctimas y solucionar brechas logísticas que frenaban los procesos, como tener los implementos necesarios, garantizar el transporte a los laboratorios de Medicina Legal y agilizar la comunicación y reacción de las entidades.

“Todos estos hallazgos fueron documentados con el objetivo de que más entes locales se animen a tener un papel más activo en la búsqueda, crear un modelo que se pueda replicar en otras regiones y llevar tranquilidad a las familias que buscan a sus seres queridos”, explicó Jorge Mario Álvarez, Coordinador del Programa Restaurando Nuestro Futuro.